Por: José Antonio Luna Bazo.

Sociólogo/Periodista

Las noticias en la prensa diaria dan cuenta de innumerables colas de ciudadanos procurando comprar oxígeno para sus familiares afectados por el Covid. La denominada “segunda ola” y sus nuevas variantes sigue desnudando la precariedad de los servicios de salud y evidenciando un Estado alejado de los ciudadanos e insensible a las demandas inmediatas. El aprovisionamiento de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud no parece satisfacer la alta demanda. Contra el tiempo se han instalado plantas de producción de oxígeno para atender las exigencias de provisión interna en los centros de salud del Estado. Sin embargo, también es notorio que ni las camas hospitalarias ni las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, logran el abastecimiento oportuno.

Los familiares de las personas infectadas con el COVID 19 tienen que recurrir al mercado de cilindros de oxígeno. Entre los muchos familiares que aguardan acceder a los balones de oxígeno, también se encuentran los especuladores y revendedores, es decir se ha creado y propiciado un mercado “negro”, expresión nítida de una cruel especulación. Y claro, frente a este hecho, en la lógica del Estado éste no tiene responsabilidad alguna.

El esfuerzo físico y económico que tienen que efectuar los familiares de los enfermos de Covid es enorme. Sólo un cilindro tiene un peso de 100 kilos y un paciente requiere de cuando menos dos cilindros cada 48 horas. Los familiares tienen que adquirir los envases y trasladarlos a la planta que les venderá el oxígeno medicinal a un costo que fluctúa entre 1,000 y 1,500 soles. Un paciente de Covid-19 avanzado puede llegar a consumir ese contenido en 24 horas. Además del costo del oxígeno medicinal, debe considerarse el flete del transporte hasta la planta y luego el retorno al domicilio. El drama está en que, si el oxígeno se acaba, el enfermo entra en una etapa de riesgo de asfixia por la bajísima saturación que le origina el daño pulmonar del Covid-19.

Una norma alejada de la realidad

El 4 de junio del 2020 el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia N°066-2020, con el cual autorizó inversiones para mejorar la capacidad de producción de oxígeno medicinal en la red hospitalaria del Ministerio de Salud y EsSalud, -Villa Deportiva-, por 88 millones de soles. Se trata de una norma apropiada a la emergencia, pero por cierto insuficiente para la magnitud de la pandemia y de las carencias sectoriales. Sus efectos aún no se pueden evaluar porque las instalaciones, en las que se ha efectuado esta inversión, aún no están concluidas. El Ejecutivo alejado de la ciudadanía no tuvo en cuenta que la mayoría de los demandantes de oxígeno están fuera de los hospitales, distantes de estos centros de atención y procurando, con angustia y desesperación, oxígeno finamente filtrado para sus familiares enfermos. La ironía de sobrevivir en su máxima expresión, cuando el aire está en el medio ambiente y es de uso libre.

Aliados ignorados.

Los tiempos de pandemia no solo se han desnudado las falencias del Estado, producto de la improvisación de sucesivos gobiernos, sino que también ha evidenciado resquemores para identificar aliados en el sector privado.   El ejecutivo minimizó el potencial y las capacidades del emprendimiento privado en la búsqueda de soluciones a problemas inéditos y soslayó la fortaleza de éste para asumir riesgos y reaccionar con rapidez y oportunidad a la amenaza, esto es frente a las exigencias del Covid 19.

Una evidencia flagrante de esta inconsistencia, resulta el pernicioso rol que cumplen algunas agencias del gobierno, en particular en el sector salud en el que saltan a la vista las barreras burocráticas. Los trámites excesivos y los sinnúmeros de permisos continúan siendo un freno en los nodos estratégicos del Estado, convirtiéndose en los factores que dificultan e impiden soluciones prácticas, oportunas y pertinentes. Este es el caso de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID, instancia que es parte de la estructura administrativa del Ministerio de Salud.

Basta ver como la Digemid, organismo que excede su celo aprobando o desaprobando insumos intrascendentes y equipos que no representan riesgo médico y que, en todo caso, simplemente el mercado regularía su existencia o desaparición. Por ejemplo, una simple búsqueda en la web de Digemid muestra que, en relación a la pandemia a esta instancia le corresponde aprobar la importación de termómetros, guantes, mascarillas para suministro de oxígeno e innumerables componentes que no tiene objeto que tengan una visación previa. Igualmente tiene que aprobar, por ejemplo, una planta generadora de oxígeno medicinal cuando solo bastaría que una certificadora establezca que esos equipos están fabricados para producir oxígeno con la pureza y en el porcentaje indicado.

Lo mismo sucede con los pequeños equipos concentradores de oxígeno de uso doméstico, que serían parte de una solución en esta pandemia y que bien podrían suplir la falta de oxígeno en balones. Con estos equipos se limitaría la insana práctica   de transportar balones de 100 kilos todos los días. El oxígeno medicinal es un producto de uso médico atrapado, perversamente, y quien sabe si intencionalmente, en un mercado especulativo e incontrolable que comercializa el aire transformado en por lo menos S/.1,000 soles diarios. Las plantas móviles de producción de oxígeno medicinal es una solución que debe ponerse en práctica con urgencia y a la brevedad.

La Digemid solo aprueba la importación de estos equipos a las empresas del rubro de droguerías que tienen que estar registradas en esa instancia del Ministerio de Salud, Digemid y que deben de incluir en la nómina de gestión, obligadamente, a un Químico Farmacéutico. La aprobación o no de la Digemid pasa por la confirmación previa de la existencia de ese profesional en los registros de la empresa y no de otro de las ciencias de la salud y, además, con el sueldo establecido por el colegio Químico Farmacéutico.

Autorizaciones selectivas

De la revisión de los registros de las autorizaciones de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID, se observa que se han aprobado en el año 2020 sólo 210 equipos concentradores domésticos, a través de las empresas registradas como droguerías y que tienen la exclusividad de importar y comercializar estos equipos. Esta comprobación equivale, en vías de analogía, a otorgarle a la Digemid la exclusividad de aprobar la importación de equipos de aire acondicionado y a las droguerías, la patente de importarlos y venderlos. Es una evidente y clara posición de dominio y de control del mercado.

Esa lógica es perniciosa, cruel e inhumana. Por estas razones siempre se señala al Estado como un pésimo gestor y administrador y a los ciudadanos no les falta razón cuando hacen ese señalamiento. Tenemos un Estado controlista inspirado en la desconfianza. Pero, además, un Estado ciego e indolente que ignora a una población constituida por los heridos de esta guerra sin cuartel y despiadada. Entonces, mientras por un lado aprieta y se excede en controles, por el otro observa con desdén a los cientos de miles de emprendedores sumidos en la precariedad del 70 % de una economía informal.

Son cientos de miles de peruanos los que quedarán por años afectados por las secuelas del Covid 19. Las afectaciones y daños colaterales, de todo orden, principalmente pulmonares, cardiovasculares, hepáticos, requerirán la atención de los sistemas de salud. Entonces, cabe preguntarse, cómo dimensionar el innumerable número de ciudadanos que tuvieron la oportunidad de seguir con vida y ganarle la batalla al mortal virus y cómo prever la atención y la demanda de los servicios de salud para todas estas personas. Ese universo será de olas sucesivas que requerirán de los servicios oportunos y pertinentes de la provisión de oxigeno para la regeneración celular. ¿Los servicios del Ministerio de Salud y de EsSalud, podrán atender esa demanda?

Teniendo en cuenta que la cifra de los pacientes dados de alta hospitalaria, son más de 50 mil durante todo el periodo de pandemia y si se asume una cifra similar por aquellos ciudadanos que se curaron sin haber ingresado a un hospital, se tiene una población 100 mil personas que dependerá de los servicios de salud. Estas personas requerirán atención por las secuelas en sus organismos por los daños colaterales que les ha originado el Covid 19. Esa es una comprobación que deben llamar a la acción inmediata.

Equipos que salvan vidas

Estas personas requerirán equipos generadores de oxígeno para sustituir su deficiencia pulmonar y equipos de hiperbaria de baja presión para mejorar su absorción de oxígeno y regenerar su sistema circulatorio, junto con la recuperación celular de sus órganos afectados. Esta es una realidad que salta a la vista de cualquier observador y que debería tener en cuenta el órgano rector de la salud y, en particular, el Ejecutivo.

Las autorizaciones de los equipos portátiles de hiperbaria – según la normatividad vigente- son competencia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID. Esta instancia tiene bloqueado los procesos de aprobación con exigencias absurdas y propias de un Estado que actúa de espaldas a las exigencias de la salud de los ciudadanos. No es pues un Estado al servicio de los ciudadanos, sino todo lo contrario, estamos ante un Estado que además de ciego es kafkiano.

Entre las exigencias para aprobar la importación de este tipo de equipos, más allá del tiempo que requiere el trámite, -como se ha señalado líneas arriba- la DIGEMID no da curso al proceso de importación si el titular que lo requiere no es una droguería, que además acredite un químico farmacéutico. Este tipo de equipos portátiles de hiperbaria, de baja presión, se usan habitualmente en rehabilitación deportiva, cosmética y bienestar general en todo el mundo. ¿Entonces, porqué este sesgo que excede el juicio lógico y elemental?

Aquí en el Perú, próximo a su Bicentenario, la relación de requisitos que solicita Digemid para homologarlo es mayor a la cantidad de documentos que poseen los propios fabricantes calificados. Esto constituye una incalificable barrera burocrática, para la importación de equipos que bien pueden aplicarse a sostener y rehabilitar a pacientes afectados por los estragos del Covid-19. En suma, se trata de destrabar la importación de equipos hiperbáricos destinados a salvar vidas.